Descubrimiento de un campo de exterminio en Jalisco desata
indignación y movilizaciones.
Por Astrid Ortiz.
En el contexto de la violencia que afecta a diversas
regiones de México, algunos eventos trascienden por su magnitud y la gravedad
de los crímenes involucrados. En 2025, un hallazgo en el municipio de
Teuchitlán, Jalisco, reveló la existencia de un sitio vinculado a actividades
ilícitas, que hasta ese momento había permanecido fuera del radar de las
autoridades.
A lo largo de este proceso de investigación, las pruebas
encontradas han arrojado detalles que podrían cambiar el curso de varias
investigaciones sobre desapariciones y crímenes organizados. Este informe
aborda los hechos relacionados con dicho descubrimiento, que ha desatado una
serie de reacciones tanto a nivel local como nacional, y continúa siendo objeto
de indagaciones por parte de las autoridades competentes.
En septiembre de 2024, la Guardia Nacional intervino en el
Rancho Izaguirre, ubicado en Teuchitlán, Jalisco. Durante el operativo, detuvo
a 10 personas, liberó a dos secuestrados y halló un cadáver. Sin embargo, en
ese momento no se reportaron crematorios ni fosas.
El 8 de marzo de 2025, el colectivo Guerreros Buscadores de
Jalisco encontró el Rancho Izaguirre, y descubrió que el sitio era utilizado
como campo de reclutamiento forzado y exterminio, presuntamente operado por el
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). En la finca se hallaron restos humanos,
objetos personales y evidencia de posibles crematorios clandestinos.
Centenares de zapatos, cráneos calcinados, casquillos de
bala y cartas de despedida fueron descubiertos en el sitio. Según
organizaciones de búsqueda, además de funcionar como un campo de exterminio,
también se usaba como centro de adiestramiento, donde las víctimas eran
obligadas a entrenar antes de ser ejecutadas.
El 12 de marzo, la Fiscalía del Estado de Jalisco informó
que se habían localizado seis fosas comunes y más de 500 restos humanos. Los
hallazgos obligaron a Claudia Sheinbaum Pardo, actual Presidenta de México, a
pronunciarse sobre el caso, calificándolo como "terrible" y
sugiriendo que la Fiscalía General de la República podría atraer la
investigación para esclarecer lo ocurrido y castigar a los responsables.
El 17 de marzo, en su conferencia matutina, Sheinbaum
declaró que su gobierno prioriza la búsqueda de desaparecidos, el
esclarecimiento de los hechos y la justicia para las víctimas. Anunció la firma
de un decreto para fortalecer la Comisión Nacional de Búsqueda, además del
envío de iniciativas de reforma a la Ley General de Población y a la Ley de
Desaparición Forzada. También aseguró que su administración actuará con
transparencia y sin encubrir casos como este.
Ese mismo día, el fiscal general Alejandro Gertz Manero
declaró que no era creíble que las autoridades locales desconocieran la
situación, insinuando posible complicidad o negligencia. Aseguró que estos
problemas de delincuencia organizada no surgen de la nada, sino que se
alimentan de complicidades locales.
También afirmó que antes de que la Fiscalía General de la
República decidiera atraer el caso, se realizaría una investigación completa
sobre su historial y el papel de las autoridades locales en el encubrimiento o
negligencia del sitio.
El 19 de marzo, la Fiscalía de Jalisco entregó a la FGR todo
el expediente del caso y propuso la creación de una "comisión de la
verdad" en colaboración con el gobierno federal.
Esta comisión incluiría a madres buscadoras, organismos de
derechos humanos, universidades y observadores internacionales. Además, el
fiscal federal Alejandro Gertz Manero realizó una visita al rancho, acompañado
de medios de comunicación y activistas, para garantizar la transparencia en la
investigación.
El 20 de marzo, Gertz Manero visitó el rancho junto con
activistas, madres buscadoras y medios de comunicación. Ese mismo día, se había
programado una comparecencia en el Congreso de Jalisco, donde el fiscal
estatal, el secretario de Seguridad y la secretaria de Inteligencia debían
responder preguntas sobre el caso.
Sin embargo, la comparecencia fue cancelada sin explicación
y se pospuso a solicitud de los funcionarios involucrados. El diputado
Alejandro Puerto denunció que la Junta de Coordinación Política accedió a la
prórroga por presión del secretario de Gobierno estatal, Salvador Zamora.
El 21 de marzo de 2025, el caso del Rancho Izaguirre fue
oficialmente atraído por la Fiscalía General de la República (FGR) debido a las
omisiones en la investigación inicial por parte de la Fiscalía de Jalisco. Se
encontraron restos humanos en el rancho, y hay 10 personas procesadas desde
septiembre de 2024. Sin embargo, aún no se ha confirmado la existencia de
crematorios en el sitio, ya que se requieren pruebas especializadas para
determinarlo.
El hallazgo de este centro de exterminio provocó protestas
en varios estados. En Veracruz, Guanajuato, Morelos, Sinaloa y Guerrero,
cientos de personas exigieron justicia.
En la Ciudad de México, manifestantes se reunieron frente a
Palacio Nacional, derribaron vallas de seguridad e intentaron ingresar al
recinto, demostrando su indignación. "Fue el Estado", "Justicia
para Teuchitlán" y "México no es un país, es una fosa" fueron
algunas de las consignas que resonaron en el Zócalo capitalino.
Las protestas se extendieron a otras entidades. En
Guanajuato, colectivos de búsqueda colocaron veladoras y fotografías de
desaparecidos en plazas públicas. En Acapulco, Guerrero, la Asociación de
Familias en Busca de sus Desaparecidos organizó una ceremonia con 400 velas y
zapatos en memoria de las víctimas.
En Chihuahua, activistas del Centro de Derechos Humanos de
las Mujeres, advirtieron que cuatro familias del estado tienen hijos
desaparecidos en Jalisco, posiblemente víctimas del Rancho Izaguirre. En Nuevo
León, el colectivo Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos, denunció la
existencia de al menos 10 campos de exterminio similares al de Teuchitlán.
En Sonora, el colectivo Madres Buscadoras, realizó una
vigilia en Hermosillo, donde más de 65 colectivos de búsqueda y organizaciones
de derechos humanos exigieron una investigación inmediata e independiente sobre
este crimen. Señalaron que la existencia de estos sitios confirma un patrón de
desapariciones masivas y omisión gubernamental.
En Querétaro, activistas denunciaron la presencia de fosas
clandestinas no reconocidas por el gobierno. En Durango, madres buscadoras se
manifestaron en la Plaza de Armas, para recordar que en ese estado también
existen cientos de desaparecidos, cuyos casos siguen sin resolverse.
La diputada Eva Reyes González ha manifestado su
preocupación ante las recientes declaraciones de las autoridades de Reynosa,
quienes han negado la existencia de "campos de exterminio" en la
región, a pesar de las denuncias y testimonios de los colectivos de búsqueda.
La legisladora destacó que esta postura genera incertidumbre entre las familias
de las víctimas de desapariciones forzadas, quienes aseguran que tales lugares
existen y operan de forma sistemática en la ciudad.
Reyes González, representante del partido Morena, señaló que
Reynosa y otras zonas fronterizas del país enfrentan un contexto complejo,
debido a su proximidad con el tráfico de personas y la actividad de
organizaciones criminales. Esto, explicó, favorece la proliferación de delitos
como las desapariciones forzadas, lo que hace necesario que las autoridades
actúen con mayor responsabilidad en su trato a los casos.
La diputada destacó la descoordinación entre las denuncias
de los colectivos de búsqueda y la información proporcionada por la Fiscalía
General de Justicia del Estado (FGJE). En su opinión, esta falta de
coincidencia genera desconfianza entre las víctimas y sus familiares, quienes
sienten que no se les está brindando la atención adecuada.
Uno de los principales reclamos de Reyes González es la
carencia de una comunicación efectiva entre los colectivos y las autoridades.
La diputada propuso la creación de mesas de trabajo permanentes, donde se
puedan compartir información, analizar el contexto de las desapariciones y
generar estrategias conjuntas que ayuden a resolver los casos.
Además, Reyes González enfatizó la necesidad de que el
término "campo de exterminio" sea tratado con seriedad dentro del
marco legal. Aseguró que, aunque el término puede resultar impactante, describe
con precisión la realidad de los lugares donde las personas son desaparecidas,
torturadas y sus cuerpos eliminados sin dejar rastro. Según la diputada, es
fundamental que el Estado reconozca esta realidad y asuma la responsabilidad de
frenar esta práctica, de acuerdo con los compromisos internacionales en
derechos humanos.
Por último, la diputada abogó por una mayor capacitación de
los colectivos de búsqueda, quienes han demostrado una gran dedicación en la
localización de personas desaparecidas. Aunque su trabajo ha sido crucial, Reyes
González sugirió que es necesario dotar a estos grupos de herramientas más
sofisticadas para que puedan llevar a cabo investigaciones más efectivas y así,
obtener resultados más rápidos y certeros.
En la investigación más reciente, se han documentado más de
1300 objetos encontrados en el rancho, incluidos mochilas, prendas de vestir,
carteras, joyería, cartas y documentos de identidad, así como otros artículos
personales como zapatos y mochilas. Estos elementos están siendo clasificados
por tipo, tamaño, marca y color para facilitar la posible identificación de las
víctimas. La Fiscalía de Jalisco ha indicado que este es solo un primer paso,
ya que aún no se ha podido identificar a todas las personas que pudieran haber
sido víctimas. Además, los peritajes en curso continúan analizando restos
humanos encontrados en al menos cuatro áreas del predio, con la posibilidad de
que algunos pertenezcan a las víctimas que habrían sido entrenadas en el lugar
antes de ser ejecutadas.
Mientras las investigaciones avanzan, los familiares de
desaparecidos buscan respuestas. La identificación de restos y el
esclarecimiento del caso se han convertido en una exigencia nacional. La
pregunta sigue abierta: ¿cómo operó este sitio sin ser detectado durante tanto
tiempo? Aunque aún no hay respuestas, el Rancho Izaguirre representa una crisis
que no puede ser ignorada.
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